La introducción del Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE), indica que el mismo ha de establecer “los principios rectores y la visión que nos guiará en los próximos años, así como las iniciativas y acciones que hemos de tomar para hacer de esta visión una realidad.” Señala además, que “a través de los años se han preparado documentos que han identificado muchos de los elementos que se consignan en Este.” Esta frase advierte al lector de inicio que en el MENE, no encontraremos nada verdaderamente nuevo, por lo contrario habremos de ver más de lo señalado en el pasado inmediato.

El MENE, como plan de desarrollo económico de esta Administración, pretende ser el medio para rescatar la economía de Puerto Rico. Como documento, debe ser leído en conjunto con denominado Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible (PIDES) que la Junta de Planificación preparara. Es interesante encontrar que el MENE advierte sobre la posibilidad que surjan cambios próximamente en el sistema contributivo internacional de los Estados Unidos con respecto a las llamadas "Controlled Foreign Corporations" (CFCs). Conscientes de las implicaciones que ha de tener sobre las empresas norteamericanas que operan en Puerto Rico y sobre los aproximadamente 90,000 empleos que sostiene directamente el sector de la manufactura. Se señala en el propio documento que el propio, Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, ha movilizado a diversos sectores y esbozado un Memorando de Acuerdo para formar un frente unido ante el Congreso de los Estado Unidos con relación a estos cambios. Este hecho nos sorprende al plantear un cambio de postura en la política pública. Una política pública silente de no promover abiertamente las CFCs. Además, plantea una incompatibilidad desde el punto de vista ideológico del anexionismo.

El MENE, también esboza que el actual contexto económico requiere, más que nunca, de estructuras flexibles y agiles, mayor capacidad de innovación y una economía con altos niveles de productividad a esto concurrimos. Pero vemos, que bajo estos principios se señala que es necesario el reorganizar y modernizar la Rama Ejecutiva. Parece que el inicio de esta reforma y modernización de la Rama Ejecutiva se muestra con el despido de 17,000 empleados públicos y la futura creación de decenas de Alianzas Público Privadas.

Es obvio, al analizar los despidos por tipo de plaza y tareas, que los mismos no fueron hechos tan ciegamente como se pretende decir que se hicieron. El despedir cinco conserjes de 6 en una escuela, los choferes que llevan alimentos a los comedores escolares o los abogados que llevan los casos en Familia, tiene como finalidad el forzar las llamadas APP, donde una empresa privada posiblemente contrate a los cinco conserjes despedidos, recibiendo un contrato para hacer la limpieza de la misma escuela donde laboraban estos trabajadores. Menos sueldo y menos beneficios recibirán estos, ¿pero el gobierno pagará menos por dicho servicio? Sabemos, que el empresario de la APP recién creada (o por crearse próximamente), invertirá para obtener un rendimiento justo que incluirá una prima de riesgo por el historia de pago tardío que el gobierno tiene.

En el MENE, se señala en forma de advertencia que para el 2012, se proyecta una recaída de la economía. Este pronóstico de hacerse realidad coincidiría con el final del término del periodo de los fondos ARRA. Es claro, que los arquitectos del Modelo reconocen la debilidad estructural de la economía de Puerto Rico y que la estabilidad y crecimiento de la misma, depende de generar nueva actividad económica, lo que no ocurre con el uso que se le quiere dar a las APP. Ya que el servicio del conserje o del abogado ambos despedidos, al ser ofrecido a través de una APP, no puede definirse como una actividad económica adicional o nueva, sino una evolución del proceso de realización y oferta del servicio, también significa un re-arreglo del gasto que seguirá haciéndose. La posibilidad de ahorro escriba y se garantiza durante el corto plazo, o sea mientras no se limpien las escuelas o se distribuyan los alimentos a comedores escolares. Tan pronto se inicie el proceso de limpieza de escuelas por una APP el gobierno, tendrá que pagar por él. La eficiencia y la disminución del costo recaerán estrictamente en el proceso de negociación y supervisión del gobierno a la APP.

Puerto Rico tiene una larga tradición en las Alianzas Público Privadas, un ejemplo es el Puente Teodoro Moscoso. Pero sostener y desarrollar una economía bajo este concepto, a la vez que se promueve empresas locales que manufacturen para exporta, creo que olvida o por lo menos deja sin considerar la actual posición competitiva de Puerto Rico respecto al costo de la mano de obra. Debemos seguir analizando el MENE, mientras tanto invito a leerlo, así como a leer la ponencia presentada por este servidor ante la Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes, el 14 de octubre de 2008.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico celebró una conferencia de prensa para expresarse sobre las políticas económicas establecidas por la Administración del Gobernador Fortuño. A continuación el comunicado de prensa en su forma íntegra.


ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DE PUERTO RICO
CONFERENCIA DE PRENSA
13 DE OCTUBRE DE 2009

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Economistas de Puerto Rico considera que no es posible hablar de desarrollo económico futuro cuando la política económica actual agrava los problemas del desempleo, la desigualdad, la incertidumbre y la crisis social, en el ya deteriorado cuadro existencial de la mayoría de la población, alejándonos cada ves más del ideal de una mejor “calidad de vida”. La salida de la crisis requiere que se establezca el diálogo y se busque consensos con todos los sectores de nuestro país, por lo que hacemos un llamado para que se detenga el plan actual del gobierno.

Estamos preparando un informe en el cual se investigue a fondo, se hagan estimaciones y pronósticos macroeconómicos y se ofrezcan soluciones científicamente válidas y viables para que nuestro país afronte con efectividad la grave crisis económica por la cual atraviesa. Esto incluye el análisis de las estrategias y planes que la Administración Fortuño ha propuesto para conjurar la crisis y reactivar la economía.

Se debe recordar que fue la propia Standard & Poor’s la que le aconsejó al gobierno entrante, el 22 de diciembre de 2008 que, dado el gran peso del sector público en la economía de Puerto Rico, el gasto público no debía reducirse hasta que el sector privado comenzara a crear empleos. De lo contrario, agravaría la recesión y ampliaría la brecha deficitaria en el presupuesto.

Esta situación ha llevado no sólo a la reducción de los niveles de producción y empleo en general y a una severa contracción de los recaudos del erario público, sino también a una ola de despidos en el gobierno que amenaza con agravar aún más la crisis y ha creado una cadena de protestas masivas en todo el país.

Ante esta situación corresponde actuaciones diferentes por parte del gobierno. Es en este sentido que expresamos algunos señalamientos para que sirvan de orientación al país.

•Hacemos un llamado al detente en el plan actual del gobierno. La política de despidos en masa de empleados públicos es errónea, se ha implantado en forma apresurada y descuidada, y va encaminada a generar no sólo una exacerbación del proceso recesionario debido a la pérdida directa de capacidad de consumo para las familias y la disminución en la confianza del consumidor, sino que produce un severo debilitamiento y la calidad de una gran variedad de áreas de servicio a la comunidad. Esta política tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero debido al aumento en la cantidad de quiebras y préstamos morosos, así como en la disminución de la actividad comercial de los pequeños y medianos comerciantes.

•Consideramos que de la manera que se ha realizado el despido de empleados públicos puede cuadrar el presupuesto a corto plazo, pero no soluciona la crisis estructural del gobierno. Señalamos que esta situación agrava más la recesión estructural que estamos viviendo. Los despidos son una política fiscal incorrecta al ser por cíclica en vez de anticíclica.

•En el contexto de la sociedad puertorriqueña, la severidad del programa de ajuste macroeconómico ha recaído en forma desproporcionada sobre los hombros de trabajadores del sector público de la clase media en general, con particular rigor sobre las mujeres jóvenes e inclusive afectando a personas con impedimentos que participan productivamente en el mercado laboral, sin que se haya pensado en la posibilidad de alternativas de acción administrativa para conjurar la crisis, así como legislar para incrementar la aportación de las grandes empresas extranjeras al erario público y una mayor contribución de las empresas locales de tamaño y volumen de ganancia significativos. De forma intersectorial es necesario que se enfatice en como esta medida empeora la desigualdad económica y social como señaló Harold Toro de CNN.

•Urge una reforma del sistema fiscal que incluya la contributiva, que mejore grandemente la equidad en la distribución de la carga contributiva, logre la suficiencia y la boyancia de los recaudos, acompañada de una reestructuración de la Rama Ejecutiva, con miras a hacer un uso más suficiente y racional de los dineros recaudados por el Gobierno. Administración tras administración, las malas prácticas fiscales y financieras tales como el cuadre del presupuesto a base de ingresos no recurrentes, la politización del proceso de reclutamiento, estimados deliberadamente exagerados de los ingresos del gobierno y la continua erosión de la base contributiva — provocada por la abundancia de créditos contributivos concedidos sin una adecuada evaluación de costo-beneficio — han colocado al Estado Libre Asociado al borde de una total degradación de su crédito en los mercados financieros de Estados Unidos.

•La salida de la crisis que afronta nuestro país tiene como requisito la instauración del diálogo entre los diversos sectores del país — gobierno central y municipios, empresas productoras privadas, sindicatos del sector público, trabajadores del sector privado, grupos comunitarios, ambientalistas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales y cívicas — con miras a corregir las graves fallas de la política económica actual, que han llevado a la paralización de nuestra sociedad y han acentuado, en el sentido clásico del término, la lucha de clases sociales en nuestro suelo. Es la línea de pensamientos de los economistas estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson que han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2009.

Un ejercicio analítico del colega Dr. Ángel Ruiz, nos ofrece una idea, desde la perspectiva de la técnica de insumo-producto, de cuán grave puede ser el impacto de los despidos en masa sobre nuestro orden económico. Este tipo de análisis está diseñado para estimar el impacto sobre la producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como: cambios en los gastos de consumo, inversión en construcción, maquinaria y equipo y gastos del gobierno entre otros. Un hallazgo de este trabajo es:

•El despido de unos 17,000 empleados del gobierno se traducirán en la pérdida de otros 17,800 empleos adicionales.

En lo que respecta, al llamado Modelo Estratégico para la Nueva Economía, preparado por la Administración Fortuño, del cual se publicó en la página en Internet del Banco Gubernamental de Fomento, hemos solicitado evaluaciones del mismo a varios miembros de la Asociación de Economistas han presentados señalamientos, e invitamos a los responsables del mismo a una mesa redonda con economistas de la AEPR para intercambiar ideas.

Seguiremos auscultado la base de conocimiento de nuestra matrícula y, al igual que han hecho otras organizaciones de científicos sociales del país—trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y expertos en administración pública-- nos mantendremos vigilantes de los eventos que ocurrirán esta semana, los que serán decisivos para lograr reivindicar los derechos de los trabajadores del sector público e inducir la adopción de una política económica mas justa, más racional y equitativa, y cuya implantación no castigue desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de nuestro sistema económico y social.

La Asociación de Economista de Puerto Rico no cesará en su empeño de propulsar una discusión abierta y científica de los profundos problemas económicos, sociales y de política económica que afronta nuestro país en la actualidad. Vivimos una coyuntura histórica sumamente crítica, una época de crisis que va mucho más allá que lo económico, lo cual implica que todos tenemos que buscar y promover soluciones novedosas e interdisciplinarias.

Nuestra responsabilidad y el desafío que siempre debemos enfrentar es revestir la profesión de economista de un alto grado de interés público. La función social de los y las economistas es insertarnos de lleno en el debate de los temas económico como asunto público, de manera que la ciudadanía pueda entender la economía como una Ciencia Social que tiene vigencia y propone alternativas y busca soluciones reales a dicha crisis para que se cree la estructura necesaria para el desarrollo económico a largo plazo, de una sociedad próspera, justa y sustentable.

Actualmente la economía se encuentra en su tercer año “oficial” de recesión, con una pérdida alarmante de empleos, erosión en el poder adquisitivo de los puertorriqueños con aumento en el costo de los principales productos de consumo y disminución de los salarios reales. Los principales sectores de la economía del país han sufrido un fuerte embate por los pasados tres años, entiéndase, los sectores de la construcción, la inversión privada y en especial, la manufactura. Esta recesión ha sido el producto de diversos factores, tanto internos como externos, de reciente cuño como de años de errores en política económica.


En Puerto Rico, la industria de la manufactura ha sido por más de cuatro décadas el sector de más impacto e importancia en la producción, las exportaciones, los empleos y los ingresos del país. Dicha industria comprende aproximadamente un 40% del PIB y genera unos 100,000 empleos; dentro de esta industria, el sector farmacéutico (Pharma) aporta un 70% del valor añadido. El golpe principal para el sector de la manufactura, sin duda alguna, fue la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas en 1996 y su período de desfase hasta el año 2006. Dicho evento ha sido el responsable de la pérdida de entre 40,000 y 50,000 empleos en dicha industria, sin mencionar la reducción promedio constante de aproximadamente 5% de las exportaciones en el sector farmacéutico, uno de los principales sectores de la manufactura. Con esta reducción en las exportaciones, se ha ido experimentando una merma significativa en los ingresos por sector.


Al perder la Sección 936, no se contaba con una estrategia de salida para rescatar la industria y no se contaba, ni se cuenta, con un plan de desarrollo económico a largo plazo para lidiar con los problemas externos que afectan el sector de manufactura del que tanto depende la producción en Puerto Rico. Actualmente, lo único que sostiene la industria es la Sección 957 (901 ó 243 para CFC’s) y la Ley 73 de Incentivos al Desarrollo Económico de 2008. Estamos no sólo ante la amenaza de enmiendas a las CFC’s sino que se agrava la situación por virtud de la recesión mundial que acontece, la recesión en EEUU, la volatilidad de los costos energéticos, y un problema que no se resuelve ni con el mejor código de rentas internas: la expiración de patentes en los próximos cuatro o cinco años (como tarde) y la reestructuración global que esto provoca.
Este sector lleva el mayor peso en la producción del País, y según estudios empíricos de varios economistas del país, su caída es la responsable en más del 50% de la recesión que atravesamos actualmente. La recesión en EEUU y la recesión mundial profundizan nuestra grave situación económica. Irónicamente, un mejoramiento de las condiciones en EEUU y a nivel mundial pudiera inclusive agravar aún más la situación (i.e. – una expansión o recuperación podría provocar aumentos en las tasas de interés, aumento en los precios del petróleo y sus derivados, aumento en el precio de los alimentos, aumentos en materias primas, entre otros).


Mencioné previamente la importancia que tiene el peso del sector manufacturero en la economía de Puerto Rico. En términos de empleo, es responsable de unos 100,000 empleos altamente especializados y bien pagados. No sólo eso, sino que alrededor de estas empresas de manufactura giran cualquier gama de servicios profesionales que se le proveen desde empresas de ingeniería, validación, construcción, asesoría contable y financiera, alimentos, etc. Esto es lo que se conoce en teoría desarrollista como “forward linkages” (eslabonamientos prospectivos). Estos eslabonamientos se verían seriamente afectados y provocarían desplazos mayores en otros sectores económicos. Por el lado fiscal, 80% de los recaudos de Hacienda, según datos de 2006, fueron aportados por apenas 40% de empresas CFC’s totalizando más de $900 millones de dólares (bajo el estatuto de la anterior ley de incentivos- Ley 135). Imaginemos pues el impacto que tendría en los recaudos fiscales, el empleo, los ingresos, las exportaciones, etc, si se perdiera apenas ese 40% de empresas. El efecto dominó sería explosivo.


Las enmiendas propuestas amenazan con disuadir a las empresas que a duras penas se han retenido en PR post 936 a buscar alternativas más competitivas para mantener su ‘performance’ en momentos donde la recesión mundial no ha dejado nada sin tocar. De más está decir que se acabaría por agravar la situación del empleo en PR, en específico, el empleo altamente remunerado y especializado. Puerto Rico se enfrentaría a una pérdida fatal de buena parte de su capital humano, uno de los pilares del desarrollo económico sostenible y ciertamente una de las mayores riquezas que posee un país. Con esto se erosiona de forma alarmante la base productiva del país, la cual ya está seriamente afectada por una pirámide generacional casi invertida y una bajísima tasa de participación laboral. En términos de competitividad, perderíamos nuestro sitial inmediatamente ante nuestros principales competidores mundiales.


¿Qué representa esto en términos de crecimiento y desarrollo económico? Primero que todo, hay una diferencia conceptual, teórica y práctica entre “crecimiento económico” y “desarrollo económico” que muchas veces se ignora, ya sea a propósito o por falta de conocimiento, y que nos lleva a utilizar indistintamente y de manera intercambiable ambos conceptos como si tratasen de la misma cosa. El concepto de “crecimiento económico” es PARTE INTEGRAL del más amplio concepto de “desarrollo económico”, y se mide observando el comportamiento de variables como los niveles de ingreso y producción nacional. Mientras que lo que se entiende por “desarrollo económico” comprende mucho más que variables monetarias de ingreso y producción que miden la igualdad, la distribución de la riqueza y la capacidad de crearla a largo plazo, la utilización efectiva y eficiente de los recursos naturales, el desarrollo humano, la reducción de la pobreza, la reducción de la dependencia, la autosuficiencia, entre otros. Promover el sector manufacturero, como por ejemplo en nuestro caso, con secciones como la 936, la 957 o la Ley de Incentivos es sólo UNA estrategia de crecimiento económico dentro de un espectro mucho más amplio e integral de iniciativas como parte de UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE. En el caso de Puerto Rico, a falta de un modelo de largo plazo, ponemos todas nuestras apuestas en UNA SOLA forma de promover empleos y producción. Si la Sección 957 es nuestra única apuesta para “lograr” crecimiento económico (¿cuál crecimiento?) buscando retener lo poco que nos queda en el sector manufacturero, y partiendo de la premisa de que esa única estrategia ES nuestro ‘modelo’ de desarrollo, pues definitivamente que lo que está mal se va a poner peor.


En términos internacionales, retirar los beneficios de dicha sección, partiendo de la premisa de que no se persiga agresivamente un Plan B, significará que Puerto Rico definitivamente perderá la menoscabada imagen que tiene como destino predilecto para establecer operaciones de manufactura en ‘suelo americano’. Nuestros competidores como Irlanda, Singapur, Malasia, Estonia, entre otros, simplemente acapararán todo el mercado, y no habrá forma que Puerto Rico lo pueda recuperar. Lo que de forma contundente nos lanzará, querámoslo o no, en una nueva y totalmente diferente dirección…si será buena o mala, estará por verse.

Puerto Rico definitivamente debe estar preparado para cualquier resultado. Lamentablemente no hay soluciones mágicas, el gobierno y los sectores productivos en PR siempre han cometido el error de ser reaccionarios en lugar de proactivos, razón por la cual este tipo de situaciones adversas y externas al proceso de decisiones de política pública económica nos toman por sorpresa y con poco espacio de maniobra. Debe haber un esfuerzo concertado multisectorial: el problema de Puerto Rico no es uno sencillo ni unidimensional, el principal obstáculo en momentos como este es la constante de que es el GOBIERNO el que debe hacer “algo” cuando la realidad es que es el Gobierno como hacedor de política económica EN CONJUNTO con el sector industrial, el sector de trabajadores, la academia, etc. Los tiempos de la tecnocracia han probado que es incorrecto, y un total fracaso colectivo, el fijar la responsabilidad únicamente en uno o dos sectores, ya sea gobierno o industria atendiendo cada cual sus agendas particulares.

Este posible evento nos provee el escenario perfecto para de una vez y por todas enfocarnos en estrategias de desarrollo económico sostenible a largo plazo EN LUGAR de estrategias únicamente de crecimiento económico con soluciones inmediatas y resultados efímeros, por ejemplo: Potenciar industrias nativas, reforzar la educación empresarial, incrementar la inversión en capital humano, incentivar la producción con estructura cooperativista, girar de una vez la atención hacia la industria de la agricultura (por razones económicas y de seguridad nacional), promover servicios financieros internacionales, potenciar el turismo de convenciones, médico, de placer a otros mercados pero con estrategias coherentes y de largo plazo. ¿La clave? Despolitizar el tema de desarrollo económico y trabajarlo desde una perspectiva multisectorial, multidimensional. Nuestros mayores competidores mundiales hace rato lo hicieron. El cambio de paradigma con respecto a política económica y el rol de cada uno de los sectores de la economía es esencial.

(Información provista por la autora para cuestionario sobre enmiendas al Código del IRS respecto a las CFC's para estudio efectuado por estudiantes de Economía del Internado de Economía y Finanzas José M. Berrocal en el Depto de Hacienda)