La Asociación de Economistas de Puerto Rico celebró una conferencia de prensa para expresarse sobre las políticas económicas establecidas por la Administración del Gobernador Fortuño. A continuación el comunicado de prensa en su forma íntegra.


ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DE PUERTO RICO
CONFERENCIA DE PRENSA
13 DE OCTUBRE DE 2009

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Economistas de Puerto Rico considera que no es posible hablar de desarrollo económico futuro cuando la política económica actual agrava los problemas del desempleo, la desigualdad, la incertidumbre y la crisis social, en el ya deteriorado cuadro existencial de la mayoría de la población, alejándonos cada ves más del ideal de una mejor “calidad de vida”. La salida de la crisis requiere que se establezca el diálogo y se busque consensos con todos los sectores de nuestro país, por lo que hacemos un llamado para que se detenga el plan actual del gobierno.

Estamos preparando un informe en el cual se investigue a fondo, se hagan estimaciones y pronósticos macroeconómicos y se ofrezcan soluciones científicamente válidas y viables para que nuestro país afronte con efectividad la grave crisis económica por la cual atraviesa. Esto incluye el análisis de las estrategias y planes que la Administración Fortuño ha propuesto para conjurar la crisis y reactivar la economía.

Se debe recordar que fue la propia Standard & Poor’s la que le aconsejó al gobierno entrante, el 22 de diciembre de 2008 que, dado el gran peso del sector público en la economía de Puerto Rico, el gasto público no debía reducirse hasta que el sector privado comenzara a crear empleos. De lo contrario, agravaría la recesión y ampliaría la brecha deficitaria en el presupuesto.

Esta situación ha llevado no sólo a la reducción de los niveles de producción y empleo en general y a una severa contracción de los recaudos del erario público, sino también a una ola de despidos en el gobierno que amenaza con agravar aún más la crisis y ha creado una cadena de protestas masivas en todo el país.

Ante esta situación corresponde actuaciones diferentes por parte del gobierno. Es en este sentido que expresamos algunos señalamientos para que sirvan de orientación al país.

•Hacemos un llamado al detente en el plan actual del gobierno. La política de despidos en masa de empleados públicos es errónea, se ha implantado en forma apresurada y descuidada, y va encaminada a generar no sólo una exacerbación del proceso recesionario debido a la pérdida directa de capacidad de consumo para las familias y la disminución en la confianza del consumidor, sino que produce un severo debilitamiento y la calidad de una gran variedad de áreas de servicio a la comunidad. Esta política tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero debido al aumento en la cantidad de quiebras y préstamos morosos, así como en la disminución de la actividad comercial de los pequeños y medianos comerciantes.

•Consideramos que de la manera que se ha realizado el despido de empleados públicos puede cuadrar el presupuesto a corto plazo, pero no soluciona la crisis estructural del gobierno. Señalamos que esta situación agrava más la recesión estructural que estamos viviendo. Los despidos son una política fiscal incorrecta al ser por cíclica en vez de anticíclica.

•En el contexto de la sociedad puertorriqueña, la severidad del programa de ajuste macroeconómico ha recaído en forma desproporcionada sobre los hombros de trabajadores del sector público de la clase media en general, con particular rigor sobre las mujeres jóvenes e inclusive afectando a personas con impedimentos que participan productivamente en el mercado laboral, sin que se haya pensado en la posibilidad de alternativas de acción administrativa para conjurar la crisis, así como legislar para incrementar la aportación de las grandes empresas extranjeras al erario público y una mayor contribución de las empresas locales de tamaño y volumen de ganancia significativos. De forma intersectorial es necesario que se enfatice en como esta medida empeora la desigualdad económica y social como señaló Harold Toro de CNN.

•Urge una reforma del sistema fiscal que incluya la contributiva, que mejore grandemente la equidad en la distribución de la carga contributiva, logre la suficiencia y la boyancia de los recaudos, acompañada de una reestructuración de la Rama Ejecutiva, con miras a hacer un uso más suficiente y racional de los dineros recaudados por el Gobierno. Administración tras administración, las malas prácticas fiscales y financieras tales como el cuadre del presupuesto a base de ingresos no recurrentes, la politización del proceso de reclutamiento, estimados deliberadamente exagerados de los ingresos del gobierno y la continua erosión de la base contributiva — provocada por la abundancia de créditos contributivos concedidos sin una adecuada evaluación de costo-beneficio — han colocado al Estado Libre Asociado al borde de una total degradación de su crédito en los mercados financieros de Estados Unidos.

•La salida de la crisis que afronta nuestro país tiene como requisito la instauración del diálogo entre los diversos sectores del país — gobierno central y municipios, empresas productoras privadas, sindicatos del sector público, trabajadores del sector privado, grupos comunitarios, ambientalistas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales y cívicas — con miras a corregir las graves fallas de la política económica actual, que han llevado a la paralización de nuestra sociedad y han acentuado, en el sentido clásico del término, la lucha de clases sociales en nuestro suelo. Es la línea de pensamientos de los economistas estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson que han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2009.

Un ejercicio analítico del colega Dr. Ángel Ruiz, nos ofrece una idea, desde la perspectiva de la técnica de insumo-producto, de cuán grave puede ser el impacto de los despidos en masa sobre nuestro orden económico. Este tipo de análisis está diseñado para estimar el impacto sobre la producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como: cambios en los gastos de consumo, inversión en construcción, maquinaria y equipo y gastos del gobierno entre otros. Un hallazgo de este trabajo es:

•El despido de unos 17,000 empleados del gobierno se traducirán en la pérdida de otros 17,800 empleos adicionales.

En lo que respecta, al llamado Modelo Estratégico para la Nueva Economía, preparado por la Administración Fortuño, del cual se publicó en la página en Internet del Banco Gubernamental de Fomento, hemos solicitado evaluaciones del mismo a varios miembros de la Asociación de Economistas han presentados señalamientos, e invitamos a los responsables del mismo a una mesa redonda con economistas de la AEPR para intercambiar ideas.

Seguiremos auscultado la base de conocimiento de nuestra matrícula y, al igual que han hecho otras organizaciones de científicos sociales del país—trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y expertos en administración pública-- nos mantendremos vigilantes de los eventos que ocurrirán esta semana, los que serán decisivos para lograr reivindicar los derechos de los trabajadores del sector público e inducir la adopción de una política económica mas justa, más racional y equitativa, y cuya implantación no castigue desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de nuestro sistema económico y social.

La Asociación de Economista de Puerto Rico no cesará en su empeño de propulsar una discusión abierta y científica de los profundos problemas económicos, sociales y de política económica que afronta nuestro país en la actualidad. Vivimos una coyuntura histórica sumamente crítica, una época de crisis que va mucho más allá que lo económico, lo cual implica que todos tenemos que buscar y promover soluciones novedosas e interdisciplinarias.

Nuestra responsabilidad y el desafío que siempre debemos enfrentar es revestir la profesión de economista de un alto grado de interés público. La función social de los y las economistas es insertarnos de lleno en el debate de los temas económico como asunto público, de manera que la ciudadanía pueda entender la economía como una Ciencia Social que tiene vigencia y propone alternativas y busca soluciones reales a dicha crisis para que se cree la estructura necesaria para el desarrollo económico a largo plazo, de una sociedad próspera, justa y sustentable.