La introducción del Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE), indica que el mismo ha de establecer “los principios rectores y la visión que nos guiará en los próximos años, así como las iniciativas y acciones que hemos de tomar para hacer de esta visión una realidad.” Señala además, que “a través de los años se han preparado documentos que han identificado muchos de los elementos que se consignan en Este.” Esta frase advierte al lector de inicio que en el MENE, no encontraremos nada verdaderamente nuevo, por lo contrario habremos de ver más de lo señalado en el pasado inmediato.

El MENE, como plan de desarrollo económico de esta Administración, pretende ser el medio para rescatar la economía de Puerto Rico. Como documento, debe ser leído en conjunto con denominado Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible (PIDES) que la Junta de Planificación preparara. Es interesante encontrar que el MENE advierte sobre la posibilidad que surjan cambios próximamente en el sistema contributivo internacional de los Estados Unidos con respecto a las llamadas "Controlled Foreign Corporations" (CFCs). Conscientes de las implicaciones que ha de tener sobre las empresas norteamericanas que operan en Puerto Rico y sobre los aproximadamente 90,000 empleos que sostiene directamente el sector de la manufactura. Se señala en el propio documento que el propio, Gobernador, Hon. Luis G. Fortuño, ha movilizado a diversos sectores y esbozado un Memorando de Acuerdo para formar un frente unido ante el Congreso de los Estado Unidos con relación a estos cambios. Este hecho nos sorprende al plantear un cambio de postura en la política pública. Una política pública silente de no promover abiertamente las CFCs. Además, plantea una incompatibilidad desde el punto de vista ideológico del anexionismo.

El MENE, también esboza que el actual contexto económico requiere, más que nunca, de estructuras flexibles y agiles, mayor capacidad de innovación y una economía con altos niveles de productividad a esto concurrimos. Pero vemos, que bajo estos principios se señala que es necesario el reorganizar y modernizar la Rama Ejecutiva. Parece que el inicio de esta reforma y modernización de la Rama Ejecutiva se muestra con el despido de 17,000 empleados públicos y la futura creación de decenas de Alianzas Público Privadas.

Es obvio, al analizar los despidos por tipo de plaza y tareas, que los mismos no fueron hechos tan ciegamente como se pretende decir que se hicieron. El despedir cinco conserjes de 6 en una escuela, los choferes que llevan alimentos a los comedores escolares o los abogados que llevan los casos en Familia, tiene como finalidad el forzar las llamadas APP, donde una empresa privada posiblemente contrate a los cinco conserjes despedidos, recibiendo un contrato para hacer la limpieza de la misma escuela donde laboraban estos trabajadores. Menos sueldo y menos beneficios recibirán estos, ¿pero el gobierno pagará menos por dicho servicio? Sabemos, que el empresario de la APP recién creada (o por crearse próximamente), invertirá para obtener un rendimiento justo que incluirá una prima de riesgo por el historia de pago tardío que el gobierno tiene.

En el MENE, se señala en forma de advertencia que para el 2012, se proyecta una recaída de la economía. Este pronóstico de hacerse realidad coincidiría con el final del término del periodo de los fondos ARRA. Es claro, que los arquitectos del Modelo reconocen la debilidad estructural de la economía de Puerto Rico y que la estabilidad y crecimiento de la misma, depende de generar nueva actividad económica, lo que no ocurre con el uso que se le quiere dar a las APP. Ya que el servicio del conserje o del abogado ambos despedidos, al ser ofrecido a través de una APP, no puede definirse como una actividad económica adicional o nueva, sino una evolución del proceso de realización y oferta del servicio, también significa un re-arreglo del gasto que seguirá haciéndose. La posibilidad de ahorro escriba y se garantiza durante el corto plazo, o sea mientras no se limpien las escuelas o se distribuyan los alimentos a comedores escolares. Tan pronto se inicie el proceso de limpieza de escuelas por una APP el gobierno, tendrá que pagar por él. La eficiencia y la disminución del costo recaerán estrictamente en el proceso de negociación y supervisión del gobierno a la APP.

Puerto Rico tiene una larga tradición en las Alianzas Público Privadas, un ejemplo es el Puente Teodoro Moscoso. Pero sostener y desarrollar una economía bajo este concepto, a la vez que se promueve empresas locales que manufacturen para exporta, creo que olvida o por lo menos deja sin considerar la actual posición competitiva de Puerto Rico respecto al costo de la mano de obra. Debemos seguir analizando el MENE, mientras tanto invito a leerlo, así como a leer la ponencia presentada por este servidor ante la Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes, el 14 de octubre de 2008.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico celebró una conferencia de prensa para expresarse sobre las políticas económicas establecidas por la Administración del Gobernador Fortuño. A continuación el comunicado de prensa en su forma íntegra.


ASOCIACIÓN DE ECONOMISTAS DE PUERTO RICO
CONFERENCIA DE PRENSA
13 DE OCTUBRE DE 2009

COMUNICADO DE PRENSA

La Asociación de Economistas de Puerto Rico considera que no es posible hablar de desarrollo económico futuro cuando la política económica actual agrava los problemas del desempleo, la desigualdad, la incertidumbre y la crisis social, en el ya deteriorado cuadro existencial de la mayoría de la población, alejándonos cada ves más del ideal de una mejor “calidad de vida”. La salida de la crisis requiere que se establezca el diálogo y se busque consensos con todos los sectores de nuestro país, por lo que hacemos un llamado para que se detenga el plan actual del gobierno.

Estamos preparando un informe en el cual se investigue a fondo, se hagan estimaciones y pronósticos macroeconómicos y se ofrezcan soluciones científicamente válidas y viables para que nuestro país afronte con efectividad la grave crisis económica por la cual atraviesa. Esto incluye el análisis de las estrategias y planes que la Administración Fortuño ha propuesto para conjurar la crisis y reactivar la economía.

Se debe recordar que fue la propia Standard & Poor’s la que le aconsejó al gobierno entrante, el 22 de diciembre de 2008 que, dado el gran peso del sector público en la economía de Puerto Rico, el gasto público no debía reducirse hasta que el sector privado comenzara a crear empleos. De lo contrario, agravaría la recesión y ampliaría la brecha deficitaria en el presupuesto.

Esta situación ha llevado no sólo a la reducción de los niveles de producción y empleo en general y a una severa contracción de los recaudos del erario público, sino también a una ola de despidos en el gobierno que amenaza con agravar aún más la crisis y ha creado una cadena de protestas masivas en todo el país.

Ante esta situación corresponde actuaciones diferentes por parte del gobierno. Es en este sentido que expresamos algunos señalamientos para que sirvan de orientación al país.

•Hacemos un llamado al detente en el plan actual del gobierno. La política de despidos en masa de empleados públicos es errónea, se ha implantado en forma apresurada y descuidada, y va encaminada a generar no sólo una exacerbación del proceso recesionario debido a la pérdida directa de capacidad de consumo para las familias y la disminución en la confianza del consumidor, sino que produce un severo debilitamiento y la calidad de una gran variedad de áreas de servicio a la comunidad. Esta política tendrá un impacto detrimental en el mercado financiero debido al aumento en la cantidad de quiebras y préstamos morosos, así como en la disminución de la actividad comercial de los pequeños y medianos comerciantes.

•Consideramos que de la manera que se ha realizado el despido de empleados públicos puede cuadrar el presupuesto a corto plazo, pero no soluciona la crisis estructural del gobierno. Señalamos que esta situación agrava más la recesión estructural que estamos viviendo. Los despidos son una política fiscal incorrecta al ser por cíclica en vez de anticíclica.

•En el contexto de la sociedad puertorriqueña, la severidad del programa de ajuste macroeconómico ha recaído en forma desproporcionada sobre los hombros de trabajadores del sector público de la clase media en general, con particular rigor sobre las mujeres jóvenes e inclusive afectando a personas con impedimentos que participan productivamente en el mercado laboral, sin que se haya pensado en la posibilidad de alternativas de acción administrativa para conjurar la crisis, así como legislar para incrementar la aportación de las grandes empresas extranjeras al erario público y una mayor contribución de las empresas locales de tamaño y volumen de ganancia significativos. De forma intersectorial es necesario que se enfatice en como esta medida empeora la desigualdad económica y social como señaló Harold Toro de CNN.

•Urge una reforma del sistema fiscal que incluya la contributiva, que mejore grandemente la equidad en la distribución de la carga contributiva, logre la suficiencia y la boyancia de los recaudos, acompañada de una reestructuración de la Rama Ejecutiva, con miras a hacer un uso más suficiente y racional de los dineros recaudados por el Gobierno. Administración tras administración, las malas prácticas fiscales y financieras tales como el cuadre del presupuesto a base de ingresos no recurrentes, la politización del proceso de reclutamiento, estimados deliberadamente exagerados de los ingresos del gobierno y la continua erosión de la base contributiva — provocada por la abundancia de créditos contributivos concedidos sin una adecuada evaluación de costo-beneficio — han colocado al Estado Libre Asociado al borde de una total degradación de su crédito en los mercados financieros de Estados Unidos.

•La salida de la crisis que afronta nuestro país tiene como requisito la instauración del diálogo entre los diversos sectores del país — gobierno central y municipios, empresas productoras privadas, sindicatos del sector público, trabajadores del sector privado, grupos comunitarios, ambientalistas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales y cívicas — con miras a corregir las graves fallas de la política económica actual, que han llevado a la paralización de nuestra sociedad y han acentuado, en el sentido clásico del término, la lucha de clases sociales en nuestro suelo. Es la línea de pensamientos de los economistas estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson que han sido los galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2009.

Un ejercicio analítico del colega Dr. Ángel Ruiz, nos ofrece una idea, desde la perspectiva de la técnica de insumo-producto, de cuán grave puede ser el impacto de los despidos en masa sobre nuestro orden económico. Este tipo de análisis está diseñado para estimar el impacto sobre la producción, empleo e ingresos, por sector industrial, de cambios en la demanda final tales como: cambios en los gastos de consumo, inversión en construcción, maquinaria y equipo y gastos del gobierno entre otros. Un hallazgo de este trabajo es:

•El despido de unos 17,000 empleados del gobierno se traducirán en la pérdida de otros 17,800 empleos adicionales.

En lo que respecta, al llamado Modelo Estratégico para la Nueva Economía, preparado por la Administración Fortuño, del cual se publicó en la página en Internet del Banco Gubernamental de Fomento, hemos solicitado evaluaciones del mismo a varios miembros de la Asociación de Economistas han presentados señalamientos, e invitamos a los responsables del mismo a una mesa redonda con economistas de la AEPR para intercambiar ideas.

Seguiremos auscultado la base de conocimiento de nuestra matrícula y, al igual que han hecho otras organizaciones de científicos sociales del país—trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y expertos en administración pública-- nos mantendremos vigilantes de los eventos que ocurrirán esta semana, los que serán decisivos para lograr reivindicar los derechos de los trabajadores del sector público e inducir la adopción de una política económica mas justa, más racional y equitativa, y cuya implantación no castigue desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de nuestro sistema económico y social.

La Asociación de Economista de Puerto Rico no cesará en su empeño de propulsar una discusión abierta y científica de los profundos problemas económicos, sociales y de política económica que afronta nuestro país en la actualidad. Vivimos una coyuntura histórica sumamente crítica, una época de crisis que va mucho más allá que lo económico, lo cual implica que todos tenemos que buscar y promover soluciones novedosas e interdisciplinarias.

Nuestra responsabilidad y el desafío que siempre debemos enfrentar es revestir la profesión de economista de un alto grado de interés público. La función social de los y las economistas es insertarnos de lleno en el debate de los temas económico como asunto público, de manera que la ciudadanía pueda entender la economía como una Ciencia Social que tiene vigencia y propone alternativas y busca soluciones reales a dicha crisis para que se cree la estructura necesaria para el desarrollo económico a largo plazo, de una sociedad próspera, justa y sustentable.

Durante el día de hoy, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a través de su Director Ejecutivo, el Dr. Mario Marazzi Santiago, presentó por primera vez en Puerto Rico un Índice de Economía del Conocimiento, que permite compararlo directamente con otras 130 economías del mundo. El análisis lo realizó el Instituto utilizando la metodología estándar desarrollada por el Banco Mundial, y en cuyos estudios Puerto Rico no participa.

“En el siglo XXI, es fundamental que Puerto Rico mida y analice su economía del conocimiento utilizando datos confiables. Eso es parte del desarrollo económico. Para atraer las industrias innovadoras tenemos que poder ofrecer un cuadro claro sobre Puerto Rico”, indicó el Dr. Marazzi Santiago.

Como ejemplo de este problema puede citarse que recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones divulgó un informe estadístico, en el cual se indica equivocadamente que para cada 100 personas hay 76 computadoras en los Estados Unidos, 2 computadoras en la República Dominicana y menos de 1 computadora en Puerto Rico.

El Informe del Instituto además revela en qué áreas la economía de conocimiento de Puerto Rico está adelantada y en cuáles se deben empeñar esfuerzos para mejorar. “Encontramos que en comparación con otras economías, Puerto Rico obtiene una posición relativamente buena en término de los incentivos económicos que ofrece, su nivel de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y su sistema de innovación. Lo que puede llamar la atención es que necesitamos mejorar en los indicadores de la educación básica. Nuestro peor desempeño es en relación a la educación y los recursos humanos con los cuales contamos para desarrollar, compartir y aplicar el conocimiento eficazmente”, concluyó el Dr. Marazzi Santiago.

Otros resultados significativos del estudio sobre la economía del conocimiento incluyeron:

1) El Índice de Economía del Conocimiento de Puerto Rico en el 2008 fue 6.85, en una escala del 0 al 10. Este valor ubica a Puerto Rico en el lugar número 41, de 135 a nivel mundial.

2) Por su parte, los Estados Unidos se posicionó en el número 9, mientras algunos de nuestros competidores importantes obtuvieron mejor posición que Puerto Rico: Finlandia (3), Irlanda (11) y Singapur (24).

3) A su vez, Puerto Rico obtiene el tercer lugar entre las economías latinoamericanas y caribeñas, después de Barbados y Chile.

4) El Instituto obtuvo nuevas estadísticas que por primera vez permiten comparar a Puerto Rico con otras economías en lo relacionado al número de artículos científicos y técnicos que Puerto Rico produce, entre otros.

Además, el estudio ofrece recomendaciones para mejorar la información disponible para medir la economía del conocimiento en Puerto Rico. Por ejemplo, se recomienda revisar las cuentas macroeconómicas de Puerto Rico para que estén en concordancia con los Sistemas de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. Esto permitirá conocer algunas de las variables que son críticas para medir la economía del conocimiento, tales como los Pagos por licencias y derechos de autor con las cuales Puerto Rico no cuenta actualmente. También, se recomienda llevar a cabo una encuesta piloto para estadísticas de ciencia y tecnología, la cual hará posible hacer comparaciones fidedignas del gasto total en Investigación y Desarrollo en Puerto Rico con otras economías. De la misma manera, se recomienda que Puerto Rico participe del próximo Estudio Internacional de Tendencias en las Matemáticas y Ciencias, para que los estudiantes puertorriqueños puedan comparar su desempeño con el de otras economías.

El Informe completo está disponible en el portal del Instituto: www.estadisticas.gobierno.pr

Recientemente ha salido a relucir la existencia de una encuesta que se realizó en agosto. Esta pretendía medir la gestión gubernamental y la imagen de algunas de las principales figuras públicas del país. Los medios se han encargado de discutir hasta la saciedad los resultados y la legalidad de la misma. El que se haya incluido una pregunta sobre la imagen de las figuras públicas, no elimina la utilidad que la misma pueda tener en los otros renglones. Es necesario cuestionar la fecha en que se realizó la misma, conociendo de antemano que vendrían cambios drásticos en el gobierno. Esta encuesta se ha tornado obsoleta, a menos que se esté planificando realizar otra próximamente, luego del reciente anuncio de los despidos y los cambios en el gabinete.

En momentos tan difíciles es necesario continuar realizando estudios científicos. Para los investigadores de la isla (economistas, demógrafos, psicólogos, entre otros), sería muy útil un perfil de todos los empleados cesanteados. La información necesaria esta disponible en cada una de las agencias del gobierno. Esto ayudaría a determinar con mayor precisión el efecto que estos despidos tendrán en el ámbito económico y social. Para que especular, si la información sociodemográfica básica se encuentra en los expedientes: la edad, sexo, escolaridad, municipio de residencia y cuanto ganan cada uno de ellos.

De igual forma, sería de gran ayuda hacer un estudio sobre los empleos disponibles en la empresa privada. Así se podrá determinar si estos realmente cubren las necesidades de los cesanteados y de las más de 200,000 personas desempleadas en la isla. De esta forma sabríamos con mayor exactitud la cantidad de empleos disponibles y sus características.

Existe una realidad, los miles de cesanteados por el gobierno y las personas desempleadas con bachillerato, maestría y doctorado, no estudiaron para trabajar en Walmart, Sam’s Club y mucho menos recogiendo café (ofertas de empleos mencionadas por el gobierno en mensajes recientes). El gobierno debe seguir realizando estudios, pero estos deben tener como propósito ayudar a salir al pueblo de ésta crisis.

Durante el día de hoy se publicó en Primera Hora un artículo con referencia al problema de las estadísticas de mortalidad en el Departamento de Salud. Pueden leer el mismo en el siguiente enlace:

Primera Hora – Más Muertes por Diabetes

Este escrito me lo hizo llegar la profesora Judith Rodríguez durante el fin de semana, lo comparto con todos ustedes.

Los alimentos de nuestros viejos encamados y la Ley Núm. 7

Prof. Judith Rodríguez Figueroa

Demógrafa

La población de edad avanzada de 60 años o más conforma el 19.2 por ciento de la población total del país. Aproximadamente 760,000 personas tenían 60 años o más según la Encuesta de Comunidad de Puerto Rico del año 2008. Este sector de la población exhibe características y atributos que los hacen distintos a los más jóvenes. Estas particularidades así como el incremento notable de este grupo poblacional, resultó en que distintas administraciones gubernamentales le dieran una importancia fundamental a este segmento de la población. De una Comisión paso a ser una Oficina y llego a ser lo que hoy se conoce como la Procuraduría de la Vejez. Esta Procuraduría es la que canaliza las peticiones económicas federales para servicio directo a los adultos mayores de Puerto Rico por parte de varias organizaciones sin fines de lucro.

Son varios los servicios que se le ofrecen a nuestros viejos, sin embargo uno de los más honorables y necesario es el de entrega de alimentos a personas encamadas que por lo general viven solas. Es menester señalar que estos alimentos son el único alimento diario seguro para estas personas viejas y con serias limitaciones de movilidad física. Las especificaciones para recibir estos fondos así como el proceso de seguimiento y evaluación es un proceso muy delicado que requiere continuidad y de un personal altamente cualificado y comprometido con la causa. Cualquier error o falta de seguimiento pudiera poner en riesgo estos fondos federales que son muy cuidadosamente custodiados por las autoridades federales.