Es muy lamentable que el gobierno haya tenido que recurrir a despedir miles de empleados públicos. Particularmente la forma de seleccionar a las personas a despedir deja mucho que desear. El utilizar como criterio el tiempo que el empleado lleva como servidor público es uno muy peligroso para el desarrollo de Puerto Rico. Es probable que esta decisión le brinde un ahorro a corto plazo al gobierno, pero el impacto futuro puede ser devastador. 

Determinar con exactitud el impacto de los despidos va a ser muy difícil porque no se contempló la preparación de un perfil socio-demográfico de estos empleados, algo que debió ser parte de la Ley 7. Sin embargo existen datos que pueden dar una idea de las personas que se verán afectadas con esta decisión.

La utilización del criterio de antigüedad indica que el grupo de adultos jóvenes va a ser uno de los más afectados. Según los estimados más recientes de la Encuesta Sobre la Comunidad de Puerto Rico, este grupo compuesto por jóvenes entre 18 a 29 años, representa aproximadamente el 14.2% de los empleados públicos del país. El nivel de educación de estos es bastante elevado, dado que el 42.4% tiene al menos un grado de bachillerato (53% en el grupo de 25 a 29 años). De estos adultos jóvenes, el 55.5% son féminas. 

Es muy probable que muchos de estos jóvenes miren hacia el norte como una alternativa para continuar su desarrollo profesional y no se sabe con certeza si vuelvan. Con una población envejeciendo y un mayor número de desempleados y personas fuera de la fuerza laboral, estas decisiones supondrán una mayor carga al resto de las personas empleadas y un golpe al desarrollo de la isla.